La cifra corresponde a lo recabado por la Justicia provincial desde el 10 de julio pasado. Los casos fueron denunciados por las víctimas de los apremios o constatados “in situ” por los inspectores de la defensoría oficial. El ministerio de Seguridad bonaerense no se pronunció sobre el tema
Cuarenta y siete nuevos casos de torturas a detenidos en cárceles y comisarías bonaerenses fueron constatados en las últimas tres semanas por la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y comunicados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mario Coriolano, responsable máximo de la Defensoría, dijo que el Banco de Torturas a su cargo “constató en los últimos 20 días 47 nuevos casos de torturas y tiene bajo análisis y clasificación a otros 179”. Dijo además que esa información “fue suministrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante una visita que ayer hicieron a nuestras oficinas en La Plata”.
En representación de la Comisión Interamericana, que por primera vez llegó a la capital bonaerense estuvieron, en el despacho de Coriolano, el comisionado para los casos de Argentina, Robert Goldman, y el secretario ejecutivo, embajador Santiago Cantón.
“Le entregamos a la Comisión un pormenorizado y documentado informe sobre 1.283 casos de tortura y trato inhumano a detenidos en penales y reparticiones policiales de la provincia”, explicó el Defensor de Casación.
También se le planteó el tema de la superpoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías “y la situación de que el 90 por ciento de los detenidos en la provincia de Buenos Aires son procesados sin condena”, destacó Coriolano.
Además, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron notificados de la “obstaculización y otros inconvenientes que sufre la labor de los defensores cuando se ocupan de los casos de torturas”.
En la última estadística oficial suministrada el 10 de julio pasado por el Banco de Torturas, que funciona en la Defensoría de Casación Penal, se dieron a conocer 1.236 casos de torturas, constatados desde marzo del año 2.000.
Por los datos suministrados esta semana, los casos aumentaron a 1.283, lo que representa en 22 días 47 nuevos hechos verificados de torturas en unidades penales y comisarías.
Del informe conocido en julio, 683 fueron casos denunciados y los restantes 553 son casos no denunciados pero constatados por los defensores oficiales en sus visitas a los internos y que no fueron declarados por temor a represalias.
En esa oportunidad, Coriolano precisó que “de las 1.236 denuncias, 218 corresponden a torturas denunciadas en comisarías del partido de Lomas de Zamora, 190 de ellas no denunciadas y 28 denunciadas”.
“Dentro de esas 218 hay 13 que corresponden a denuncias radicadas por detenidos alojados en la comisaría primera de Avellaneda”, detalló Coriolano.
La comisaría primera de Avellaneda fue intervenida por el ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, en el marco de la investigación por la muerte de dos piqueteros, ocurrida el 26 de junio último en Avellaneda.
Según ese informe oficial, de los casos denunciados 422 ocurrieron en comisarías y 246 en unidades carcelarias, mientras que otros 504 fueron casos no denunciados en comisarías y otros 46 en unidades penitenciarias.
El Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense no quiso pronunciarse de manera oficial respecto a los nuevos casos de tortura conocidos ayer, aunque fuentes de esa cartera destacaron que el desalojo de presos de las comisarías anunciado por Cafiero fue visto con agrado por los especialistas en derechos humano, ya que contribuiría a acabar con los malos tratos y el hacinamiento que sufren la mayoría de los internos. El Banco de Torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Defensoría de Casación Penal provincial funciona desde marzo de 2000.
