“El pibe estaba tirado en el suelo, de espaldas y con las manos atadas pidiendo por favor que no lo lastimen. Una vecina mirando desde la esquina y un grupo de policías golpeandolo. El chico fue encontrado con un balazo en la nuca”, relató María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) haciendo referencia al caso Bogado.

La fiscalía y los padres de la víctima pidieron que se condene a prisión perpetua al policía José Luis Díaz, que el 26 de mayo de 2004 mató de un tiro en la nuca a Cristian Marcelo Bogado (20) en Villa Tesei. Sin embargo desde el Tribunal Oral nº 2 de Morón entendieron que se trataba de un homicidio simple y lo condenaron a tres años de prisión. En su declaración ante el tribunal, antes de los alegatos, el homicida afirmó que el joven era peligroso ‘porque tenía el pelo largo‘.

”Esto no sólo pasa en ese tribunal. En todos hay un trato diferencial para los integrantes de la fuerza de seguridad pública, sean cabos, gendarmes, prefectos, que estén implicadas en asesinatos de gatillo fácil”, afirmó Verdú a diariohoy.net, tras lo cual agregó: “en la mayoría de los casos los policías no son condenados por los delitos que cometen sino que se los juzga bajo causas menores como homicidio simple cuando se trató de tortura”.

Según explicó, “evitan usar la figura de la tortura bajo cualquier subterfugio entonces así cuando se hacen las estadísticas no aparecen ni torturas ni agresiones a los derechos humanos”, tras lo cual sentenció “por eso las estadísticas son mentirosas y pueden vanagloriarse de ellas en los discursos oficiales”.

 Asimismo Verdú denunció que muchos de los policías condenados a prisión perpetua “son puestos en libertad condicional a los 2 años y autorizados por el Ministerio de Seguridad a desempeñarse como personal de seguridad en empresas privadas”

“Es una cuestión de sentido común: por tratarse de un policía, deberían ser castigados con mayor severidad. Son autoridades públicas que delinquen y falsean los hechos en beneficio propio. Por eso, desde la ONG, expresamos nuestra inquietud antes las condenas dictadas contra policías delincuentes, porque no son equitativas con respecto a las que se dictan contra civiles”, sintetizó García.

Por su parte, Rosa García, titular de la Asociación de Víctimas de la Impunidad sin Esclarecer (AVISE), informó: “las últimas sentencias dictadas en los Tribunales de Lomas de Zamora, particularmente en los tribunales en lo Criminal 1, 3 y 9, demuestran una tendencia preocupante: si los delitos los cometen Policías o ex policías, la condena que reciben es mucho menor en comparación con la que recibiría cualquier civil”.

Esta ONG se ocupó de investigar las sentencias dictadas en ese lugar y evaluó la actuación de los jueces en distintos casos de gatillo fácil. En todos, las penas fueron mucho menores a las pedidas por la Fiscalía. Pero lo peor es que en casos caratulados de la misma manera, los civiles recibieron condenas mucho mayores. Este estudio será presentado a las autoridades del Tribunal la próxima semana.

Casos específicos

Patricia Salafia tuvo el juicio de su hijo, Emanuel (17), en los Tribunales de Lomas de Zamora, hoy cuestionado por AVISE. ‘Cuando se leyeron los alegatos, la fiscalía pidió 25 años de prisión para Roberto Macua, que asesinó de 18 balazos a Emanuel. Pero el tribunal oral N° 3 consideró que trece años eran suficientes. Y absolvió a Isabel Inés Ciarlo, una mujer policía que también disparó pero no dio en el blanco‘, relata Patricia.

Su hijo fue secuestrado por otros dos efectivos de la Bonaerense en 2002 y luego liberado. Dos años después, Emanuel era encontrado muerto en la camioneta de un subcomisario de La Matanza, José Flaminio. El policía adujo que se trató un enfrentamiento y la causa se archivó como “Legítima Defensa”. Los Salafia decidieron acercar su caso al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), donde los abogados la asesoraron y la acompañaron en el juicio.

Acerca de este tema, el CELS presentó el 6 de mayo su Informe Anual 2008 titulado “Derechos Humanos en Argentina”, en el que se reserva un apartado sobre violencia policial. Según se publica en el anuario, “las prácticas violentas de las instituciones de seguridad han provocado en la última década 2.753 víctimas fatales sólo en la región metropolitana de Buenos Aires. Estos hechos de violencia abarcan un amplio rango de situaciones con participación de integrantes de las instituciones de seguridad: enfrentamientos armados, ejecuciones, abuso de la fuerza, torturas seguidas de muerte”.

Luis Tarragona (25), hijo de Patricia, vivió en carne propia un de esos hechos de violencia. Fue en 2004, cuando el agente Daniel Mansilla lo paró para identificarlo: “Mi hijo acababa de cobrar su sueldo y Mansilla le ordenó que se lo diera. Luis se negó, lo puso contra la pared y le disparó en la cabeza. Estuvo 25 días en coma y hoy vive con la mitad del cuerpo paralizado”, cuenta su mamá. El 9 de abril, el Tribunal Oral N° 1 condenó a Mansilla a 10 años de prisión y a otro efectivo, cómplice, a ocho. La fiscalía pedía cadena perpetua.

Otro caso relevado por AVISE es el de Nahuel Iraizos. El 6 de mayo, el Tribunal Oral N° 9 condenó al autor material del hecho, al policía Alejandro Etchechury, a 14 años de prisión. Estaba acusado de “homicidio simple con dolo eventua” y la pena era de hasta 25 años de cárcel. Los otros dos agentes, Víctor Sierra e Irineo Rojas, éste último acusado de tentativa de robo, recibieron un pena de 12 y 5 años de prisión respectivamente. La muerte de Nahuel ocurrió en el comercio de su padre, en medio de un confuso episodio de robo.

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