En la Justicia se disputan privilegiados y escasos cargos. Claro que la cantidad de postulantes es muy superior a los puestos disponibles. Como aquel juego infantil en el que los pibes corren alrededor de unas sillas para ocuparlas ni bien deje de sonar la música, alguien quedará afuera, de eso no hay duda.
El juego de las sillas
Pero en el “mientras tanto”, todos siguen en carrera. En el mapa judicial bonaerense aparece La Plata como
la ciudad donde se ubican las más apetecibles sillas de la Corte, la Casación y las Cámaras.
Por caso, en la Cámara de Apelaciones y de La Plata se ocuparon el 27 de marzo último las vacantes en la Sala II con la ex defensora oficial Laura Lasaga, y la Sala I con la ex jueza de Menores María Silvia Oyhamburu, quien por estas horas tiene entre sus manos el resonante caso Barreda.
Ese día debió prestar juramento otro postulante que había sido elegido en la terna por el Ejecutivo provincial. Se trata de Adolfo Eduardo Naldini, ex fiscal de Lomas de Zamora y ex auditor de Asuntos Internos de la gestión de León Arslanián en el ministerio de Seguridad bonaerense.
Naldini, impulsado por el gobierno de Felipe Solá, no llegó a contar este año con el acuerdo del sciolismo en la Legislatura. De inmediato se propuso en su reemplazo al relator de la procuración general de la Suprema Corte, Raúl Dalto, pero su designación quedó en suspenso.
Además de ese cargo, hay otro disponible en la Cámara penal de La Plata, una de las más codiciadas por los aspirantes en la administración de justicia bonaerense. Se trata de la vacante en la Sala IV, integrada en la actualidad por Carlos Alberto Ocampo y María Elia Riusech tras el retiro de Sara Berta Rodríguez de González.
En un principio se deslizaron tres nombres para ocupar esa sala: la jueza María Isabel Martiarena, el fiscal de Autores Ignorados, Alejandro Villordo, y el fiscal de Delitos Complejos, Carlos Ariel Argüero (foto).
En Tribunales trascendió que el elegido es Argüero por su dilatada trayectoria en el Poder Judicial. Lo paradójico es que, desd hace unos días, aún cuando no fue oficializada la información, comenzaron a desfilar fiscales (algunos con escasa experiencia) por la Fiscalía General de La Plata pidiendo ocupar la silla que dejaría Argüero.
Fuentes calificadas indicaron que será difícil encontrar entre los fiscales el perfil adecuado para las causas de la UFIC (Unidad Funcional de Instrucciones Complejas) vinculadas a delitos cometidos en y por funcionarios o empleados públicos, entre ellos senadores, intendentes, diputados, ministros o asesores.
Otro cargo muy preciado es el de
la Sala III del Tribunal Penal de la Casación, que quedó libre cuando renunció el juez Juan Carlos Ursi y dejó en “soledad” a Víctor Violini y Ricardo Borinsky. Para esa silla de alta esfera, varios juristas rindieron examen en el Consejo de la Magistratura y se están sometiendo
a toda clase de entrevistas. Hay dos que marchan al frente: el juez del Tribunal Oral II de La Plata Claudio Joaquín Bernard, y algunos pasos más adelante, con fuerte respaldo y reconocimiento a su trayectoria judicial y académica, se sitúa el defensor general de La Plata, Omar Ozafrain.
