Pero en la Argentina gran parte de la clase política (incluida la oposición, en sus distintas vertientes) parece mirar para otro lado. La presidenta Cristina Fernández y sus lugartenientes aún no tomaron debida nota del nuevo panorama y hasta minimizaron los efectos que tendrá la crisis global en nuestro país. Se vanaglorian ante una supuesta fortaleza de la macroeconomía argentina, que a todas luces no es para nada real.
En los últimos días, la Casa Rosada sólo atinó a conformar una comisión anticrisis que carece de materia gris, de expertos y técnicos especializados en definir posibles planes estratégicos que permitan sobrellevar el colapso global que sólo conoce antecedentes en el crac económico de 1929. Los únicos que reaccionaron con cierta rapidez fueron los dirigentes industriales y la cúpula de la CGT, que mantuvieron un encuentro el último miércoles, preocupados por la posibilidad de que haya despidos masivos ante la posible merma de la demanda brasileña y la devaluación del real.
Uno de los efectos de la crisis estuvo dado por la escalada del dólar en el mercado local. Sólo el viernes el Banco Central tuvo que intervenir con 400 millones para frenar la suba de la verde divisa que igual cotizó en los niveles más altos de la era K. De seguir esta situación, corren serio riesgo las reservas monetarias, lo que haría aún más vulnerable a nuestro país ante corridas bancarias.
Los gobernadores de las provincias argentinas no son la excepción a la regla. Ni siquiera se han juntado para definir acciones conjuntas. Y esto pone de manifiesto una alarmante miopía política. Pareciera que se quiere seguir utilizado el piloto automático cuando el avión de la economía corre serio riesgo de estrellarse.
Uno de los principales aspectos de la crisis es la incertidumbre. Y casi todos los grandes intelectuales económicos reconocen que aún no se tocó fondo. Así la falta de previsibilidad pone en aprietes a Buenos Aires.
El gobernador Daniel Scioli aún no envió el presupuesto 2009 a la Legislatura (el plazo previsto por la legislación vigente venció el 30 de septiembre), un proyecto que es clave ya que contempla la pauta de gastos e ingresos que tendrá la administración bonaerense para el año que viene. También debe incluir un diagnóstico acerca del panorama económico que afrontará la Provincia, pero las dudas radican en que la administración provincial tenga herramientas para trazar un panorama certero de lo que puede venir.
La cuasi recesión que se podría avecinar impactará de lleno en las arcas bonaerenses, algo que podría traducirse en un descenso de la recaudación. A eso se se le suma el creciente déficit de la Provincia que, según algunas estimaciones extraoficiales, el año próximo rondaría los 6.000 mil millones de dólares. El gran interrogante pasa por el hecho de que todo déficit debe estar acompañado por fuentes de financiamiento, para cubrir ese rojo. Y, precisamente, eso es lo que no existe. La contracción de los mercados difícilmente posibilitará que la administración bonaerense pueda emitir bonos o acceder a créditos externos y, por otro lado, tampoco resulta muy factible que el Gobierno nacional siga financiando como hasta ahora la deuda bonaerense dado que la Casa Rosada ya está atravesando por un severo problema de caja. Según un borrador que está circulando, el presupuesto 2009 rondaría los 38 mil o 39 mil millones de pesos.
La oposición se encuentra expectante. Seguramente, la pauta de ingresos y gastos que elabore el sciolismo volverán a incluir polémicas facultades extraordinarias (más conocidas como superpoderes), que habilitaría al Poder Ejecutivo a redistribuir partidas, en muchos casos discrecionalmente, sin previo acuerdo con la Legislatura.
Ante este panorama de estrechez económica, llama mucho la atención que se anuncien obras de tinte mediático como el techado del Estadio Unico, que demandaría más de 100 millones de pesos. Difícilmente se pueda concretar esta iniciativa. Y no son pocos los que, incluso puertas adentro del gobierno provincial, desalientan este tipo de emprendimientos en momentos en que prácticamente casi toda la obra pública (la de mayor envergadura) está paralizada.
Tal como lo viene informando este diario, los presupuestos de numerosos programas de infraestructura se encuentran subejecutados ya que, ante el aumento de los gastos de sueldos que afrontó la Provincia, se tuvieron que derivar recursos para poder abonar los haberes en tiempo y forma.
A este delicado panorama se le suma el incumplimiento del Gobierno nacional en las trasferencias de fondos. La ley de Coparticipación Federal de impuestos contempla una garantía mínima a favor de los gobiernos locales, es decir que las Provincias tienen asegurado un piso en el envío de recursos nacionales. La norma citada establece que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley”.
En ese sentido, un informe de la Coalición Cívica, al que tuvo acceso Hoy, da cuenta de que la recaudación acumulada al 31 de agosto del corriente año alcanza los $ 175.907,90 millones, por lo que aplicando el porcentaje mínimo de garantía (34%) “la suma que el Gobierno nacional debió haber enviado a las provincias es $ 59.808,69 millones, cuando en realidad fueron
$ 45.343,60 millones. Es decir el saldo pendiente de distribución sería de
$ 14.465,09 millones”.
“Considerando que el porcentaje que tiene asignado la provincia de Buenos Aires es del 21,50% de la masa coparticipable, la parte que correspondería a esa jurisdicción de dicha diferencia es de $ 3.109,99 millones, cifra que ayudaría a atenuar el déficit presupuestario”, concluye el informe.
Por el momento, el oficialismo -especialmente el kirchnerismo- parece más preocupado en el desarrollo de la interna justicialista bonaerense que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, y donde volverán a proliferar las listas armadas a dedo y los padrones inflados. El Partido Justicialista actual no es el movimiento nacional y popular de antaño que, tal como lo definía Perón, luchaba “por la independencia económica, la soberanía política y la justicia social”.
En este contexto, genera fuertes críticas que desde la CGT, en la cabeza de su secretario general Hugo Moyano, se afirme que Kirchner “es un candidato de lujo”. El matrimonio K, que lleva más de cinco años en el poder, no modificó en absoluto la estructura económica cuando las vacas eran gordas. Y ahora se asiste a un patria subsidiada, sin empresariado nacional, con una marcada dependencia con Brasil y con más del 30% de la población bajo la línea de la pobreza. Los tiempos apremian, la crisis se profundiza y, por el momento, reina la incertidumbre.
Juan Gossen
gossen@diariohoy.net
