Así, finalmente, a más de doce años del escándalo que sacudió al poder menemista y que llevó incluso al ex presidente a estar privado de su libertad, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3
sustanciará el proceso en el que se anuncian más de 400 testigos y medio año de audiencias.
Allí se ventilarán las pruebas que se obtuvieron en los 495 cuerpos de instrucción y en los 280 expedientes anexos para profundizar las pesquisas.
Los jueces Gustavo Lozada, Horacio Artabe y Luis Imas, que integran el tribunal, serán los encargados de manejar el debate en el que actuarán los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera, los abogados querellantes de la Aduana y una decena de defensores que oficiará en el proceso.
Como presuntos autores del contrabando agravado, el tribunal juzgará al ex presidente Menem, a su ex cuñado Emir Yoma y a Palleros, quien era representante de la Dirección General de
Fabricaciones Militares (DGFM).
La funcionaria de Aduana María Teresa Cueto también está acusada como autora del delito, mientras otros que también figuraban como coautores ya fallecieron: Antonio Erman González, quien fue ministro de Economía y Defensa del ex presidente Menem, y el ex funcionario de Aduana Héctor Francisco Bruno.
El resto de los acusados son considerados partícipes necesarios, es decir que su colaboración fue clave para que el contrabando pudiera concretarse.
Allí figura el ex titular de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, cuyo testimonio como arrepentido fue clave a la hora de revelar las maniobras en esta causa.
En el banquillo de los acusados, como partícipes, estarán también Oscar Camilión, quien fue ministro de Defensa, y Juan Daniel Paulik, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.
También figuran los ex funcionarios de la DGFM Edberto González de la Vega, Carlos Jorge Franke, Jorge Antonio Manuel Cornejo Torino, Angel Daniel Vicario, Héctor Fasari y Teresa Irañeta de Canterino.
Los ex funcionarios del área de Defensa Julio Jesús Sabra, Carlos Alberto Núñez y Mauricio Muzi serán también juzgados junto a Enrique Julio De la Torre, quien era director de Seguridad
Internacional de Cancillería.
Varios de los que deberán ir al banquillo también fueron procesados y se encuentran a la espera de juicio oral por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, una explosión que, según las
acusaciones, habría sido "programada" para ocultar el faltante del armamento que terminó en Croacia y Ecuador.
