diarioHoy.net ::: Polémica en el ámbito judicial por la falta de rapidez en los procesos
politica| Ofensiva del ministro de Justicia bonaerense
Polémica en el ámbito judicial por la falta de rapidez en los procesos
El titular de la cartera, Ricardo Casal, declaró ayer que en la Provincia “hay jueces vagos”. Por la noche salió a aclarar sus dichos y remarcó que “no hay que universalizar”. El funcionario reconoció que las condiciones edilicias no son las mejores. Algunas audiencias se fijan recién para el año 2013
En la Provincia “hay jueces vagos”. La acusación retumbó en el ámbito judicial y no es la primera vez que surge. El autor de la frase ahora fue el ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal. Aunque el funcionario pronunció esas palabras en declaraciones radiales por la mañana, por la noche se desdijo en una entrevista televisiva. “No hay que universalizar”, se justificó.
“Hay jueces muy responsables y otros que pueden ser vagos: cuando un tribunal oral en lo Penal fija una audiencia para el 2012 o el 2013, la conclusión es que son vagos”, dijo el funcionario de la administración Scioli en las primeras declaraciones a radio Provincia.
Varias horas más tarde, en el canal de noticias C5N aclaró que sólo se refería a los jueces que no trabajan y que no hay que “universalizar”. Y reconoció que los magistrados no trabajan en las mejores condiciones edilicias.
El ministro incluso anunció que “la idea es que la falta de productividad por indolencia o negligencia del juez, sea sancionada”. Entre los magistrados los dichos de Casal no fueron bien recibidos. Los jueces prefieren poner el acento en las malas condiciones edilicias, las trabas en las normas y los procedimientos y en la falta de personal para justificar el atraso de la Justicia.
El telón de fondo es la acusación de poca “rapidez y eficiencia” que pesa sobre la Justicia bonaerense. Es por eso que una de las principales preocupaciones de la gestión de Scioli es revertir esa situación. Para ello ya se sancionaron en la Provincia las leyes de emergencia edilicia para el Poder Judicial, la implementación del sistema de flagrancia para lograr juicios abreviados y la reforma del código procesal penal, que tiende a descomprimir a la Cámara de Casación Penal, donde según el gobierno provincial se acumulan unas siete mil causas.
Precisamente el presidente de ese Tribunal, Federico Domínguez, había formulado declaraciones similares a las del ministro de Justicia respecto a los jueces provinciales hace poco más de un mes.
“Puede ser que haya jueces más atrasados que otros, pero eso no significa que todos los jueces no trabajan, no se puede generalizar”, dijo ayer a Hoy el presidente del Colegio de Magistrados bonaerense, Carlos Lami. Para el juez de San Martín “a pesar de que es cierto que la justicia no trabaja en condiciones óptimas, es importante también la voluntad de los jueces para optimizar los recursos”.
En referencia al desempeño de los magistrados, Casal propuso la creación de oficinas que se encarguen exclusivamente de regular las audiencias para evitar que se imponga el criterio subjetivo de cada juez.
“Nosotros proponemos las oficinas de audiencia en cada departamento; es una oficina técnica que va a regular las audiencias con criterios racionales y objetivos de acuerdo a la duración de proceso y cantidad de testigos, y con eso se resuelve la subjetividad de cada juez”, explicó el ministro.
En ese sentido consideró que es “inadmisible” que un proceso penal dure ocho años. Según el titular de la cartera de Justicia bonaerense, el área trabaja para que “no dure más de dos años”.
Según el juez Lami las leyes sancionadas son un paso importante para agilizar los procesos y además consideró fundamental la reforma del mapa judicial. Ese es el próximo objetivo del Ejecutivo provincial.
Lami, que además es integrante de la comisión interdisciplinaria que tiene a su cargo el estudio y la reforma del mapa judicial bonaerense, explicó que “hay cuestiones que imponen una reforma en la distribución de los juzgados como el índice de litigiosidad, las vías de acceso o las distancias con respecto a las cabeceras”.
La reforma forma parte de las prioridades de Scioli para destrabar la situación de la Justicia. Sin embargo, el gobernador deberá sortear antes la aprobación de la Legislatura.
