El 23 de marzo de 2003, el 81% de la comunidad de Esquel votó por el NO al proyecto de la canadiense Meridian Gold, que pretendía instalar una mina de oro en esa localidad chubutense. Fue la primera gran batalla de una guerra de largo aliento que tiene dos bandos bien definidos.

De un lado, las megamineras de capitales mayoritariamente extranjeros que buscan explotar la enorme riqueza mineral argentina. Del otro, las organizaciones vecinales y ambientalistas que resisten la actividad y denuncian que, si no se hace nada para dete-nerlas, las megamineras arrasarán con la cordillera y contaminarán lo que los científicos consideran como el bien estratégico fundamental del siglo XXI: el agua.

Cinco años después de la histórica consulta popular esquelina, las dos facciones han ganado fuerza. Las exportaciones del sector se triplicaron y alcanzaron en 2007 un récord histórico de U$S 2.802 millones, y los proyectos mineros pasaron de 55 en 2003 a más de 300 en la actualidad.

Pero también ha crecido la resistencia: desde Abra Pampa, en el norte de Jujuy, hasta Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz, son 73 las comunidades que, siguiendo el ejemplo pionero de Esquel, se han organizado para resistir lo que consi-deran un saqueamiento tanto económico como ambiental.

Negocio redondo

Los cimientos del llamado “boom minero argentino” hay que buscarlos en la década menemista. En 1990 y a partir de una propuesta del Banco Mundial, el Gobierno impulsó la aprobación de leyes que no sólo le otorgaron a las multinacionales mineras un régimen fiscal increíblemente beneficioso (ver La ganga), sino que también les garantizó la inhibición total para emprender la explotación de yacimientos del Estado argentino, que está obligado a cederlos a privadas.

La paredes del boom se erigieron en el nuevo milenio, con el aumento de los precios internacionales de los mi-nerales. El oro, que en marzo de 2003 se cotizaba en U$S 350 la onza, actualmente ronda los U$S 920. Sólo en 2007, la plata y el cobre duplicaron su valor. Pero únicamente unas migajas de esa riqueza quedan en el país.

El mineral que se extrae no es procesado en Argentina. Las empresas envían a sus casas matrices el barro que sacan de las minas, y luego de 60 días notifican por declaración jurada qué tipo y cantidades de minerales encontraron. Asimismo, hasta la modificación -pequeña- introducida hace tres meses, el 100% de las divisas obtenidas las podían liquidar en el extranjero. “El mineral sale, y el dinero también. A eso no se le puede llamar exportación, es servidumbre colonial. Estamos como antes de 1810”, afirma Alejandro Corbelleto, de los Vecinos Autoconvocados de Esquel.

Naturaleza en riesgo

“En los próximos años, el agua tendrá más valor que el oro”. La profética frase pertenece a Fernando Mestre, profesor de la Universidad de La Rioja que investiga el impacto del cambio climático. No es una exageración: los más importantes científicos del mundo afirman que, si las guerras del siglo XX fueron por el petróleo, las de éste serán por el agua.

Y allí es donde la actividad de las megamineras puede causar un impacto devastador, ya que requieren grandes cantidades de este líquido para separar los metales de la roca. Para poner un ejemplo, Bajo La Alumbrera, en Catamarca (la mina más grande en funcionamiento y también la más cuestio-nada), utiliza 100 millones de litros de agua diarios.

El método que se usa en los grandes proyectos que se desarrollan o planean en Argentina es el conocido como “a cielo abierto”. Los inerales ya no se consiguen como en las viejas minas, cavando túneles subterráneos a fuerza de pico y pala, sino que se realizan volando con dinamita rocas de la superficie de la montaña.

Para obtener un gramo de oro, se necesitan remover y destruir entre 5 y 10 toneladas de suelo. En el caso de La Alumbrera, los once años que lleva la explotación han dejado un cráter de 1.900 metros de diámetro y 450 de profundidad en medio de la cordillera.

Las rocas desprendidas se colocan luego en una “pileta química” para la separación de los minerales. En este proceso se suele utilizar cianuro, que permite formar complejos y estabilizar el oro en las soluciones.

Para obtener 6 kilos de oro, es necesaria una tonelada de esta sustancia altamente nociva para cualquier organismo vivo. Si se piensa sólo en lo que piensa extraer la mina Veladero, que funciona desde 2005 en San Juan, la cifra da escalofríos: 13 mi-llones de onzas de oro, lo que equivale a 368 toneladas, para lo que será necesario usar 61 toneladas de cianuro.

“La lixiviación con cianuro es altamente contaminante, pero no es la única fuente de contaminación que produce la minería a cielo abierto”, aclara el ambientalista José Jorge Aldecoa, autor de los libros El problema minero argentino (2004) y El impacto de la mega minería (2006).

“Cuando las grandes cantidades de roca que contienen minerales sulfatados son excavadas, estos materiales reaccionan con el aire o con el agua para crear ácido sulfúrico. El llamado drenaje ácido de la minería puede aniquilar la vida acuática de los ríos y arroyos cercanos, y volver el agua prácticamente inservible”, afirma.

“Y, como ésta, hay decenas de agresiones al medio ambiente y a la comunidad derivadas de la actividad minera”.

Un camino posible

En las condiciones actuales, no parecen estar muy errados los vecinos y ambientalistas que resisten contra la instalación de las megamineras, al definir la actividad no sólo como perjudicial para el medio ambiente, sino también como un saqueo liso y llano de los bienes naturales no renovables del país.

Con el marco legal que quedó como herencia del menemismo, el Estado capta una mínima parte de la renta minera. Según un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) en enero de 2006, las grandes corporaciones “se apro-piaron del 89,2% de la renta promedio generada por la actividad en los últimos seis años, contra el 10,8% que quedó en manos del Estado”.

Y los puestos de trabajo creados son relativamente pocos si se los compara con las ganancias obtenidas. En 2005, las 37 empresas de minas, petróleo y gas que integran el panel de las 500 mayores de Argentina ganaron 15.632 millones de pesos, a un costo laboral total de 1.928 millones. Esta relación 8 a 1 -ocho pesos de beneficio por cada peso de salario- fue en promedio 1 a 1 para las empresas de los demás sectores.

Los mismos números de la dirección Nacional de Minería ratifican este fenómeno. Entre 2003 y 2006, el capital invertido por las mineras aumentó un 491% y la cantidad de proyectos se quintuplicó. Los empleos directos ge-nerados, en cambio, sólo subieron un 54%.

¿Qué se puede hacer? Quizá no sea necesario tomar posturas fundamenta-listas y abogar por la prohibición de la minería. Pero sí hay que pensar, y urgente, en un nuevo modelo para que la enorme riqueza metalífera del país no sea saqueada y, encima, dejando un pasivo ambiental que se sufrirá durante varias generaciones.

Es necesaria otra legislación, y un método extractivo ecológicamente apto, que permita desarrollar una minería sustentable, sin la rentabilidad exigida por las transnacionales.

Es posible recuperar los recursos metalíferos. Con más de U$S 50.000 de reservas en el Banco Central, no es difícil reemplazar los 8.000 millones de dólares que las megamineras dicen van a invertir en el país. Falta la decisión política. Antes de que sea demasiado tarde.