La Corte Suprema de Justicia creó la Unidad de Asistencia y Seguimiento de las causas penales en las que se investiga la desaparición forzada de personas ocurrida antes del 10 de diciembre de 1983, cuando retornó la democracia a la Argentina.

La nueva dependencia fue creada para dar "la más rápida satisfacción de las necesidades que plantean los magistrados a cargos de dichas causas en materia de personal, equipamiento y adecuación de espacios y elementos para la celebración de audiencias y otros actos de similar naturaleza".

La medida parece en consonancia con los reclamos públicos del presidente, Néstor Kirchner, de mayor celeridad en la tramitación de causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, cuyo coletazo más saliente fue el pedido de juicio político contra jueces de la Cámara de Casación Penal, entre ellos su titular, Alfredo Bisord.