Los derechos humanos en Colombia en la mira de la ONU

La delicada realidad que pasan los derechos humanos en el país sudamericano, será puesta bajo la atenta mirada del Consejo de Derechos Humanos de las Organizaciones Unidas en la ciudad de Ginebra.
Las principales denuncias que hay contra el gobierno de Uribe son las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones de presos en forma misteriosa, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados de poblaciones. Temas que el organismo internacional tratará en la sesión de mañana.
De esta manera, las denuncias que vienen efectuando numerosos organismos defensores de los derechos humanos sobre la constante violación a los mismos en Colombia, tendrá su tratamiento en la ONU.
El gobierno de Uribe viene negando que se cometan delitos en el trato a los prisioneros, y acusa a las diferentes ONGs de desarrollar una campaña internacional de desprestigio contra su gobierno, acusándolo de cometer delitos que de ninguna llevó a cabo.
El encargado de realizar la defensa del gobierno colombiano, será Francisco Santos, vicepresidente de aquel país, que aducirá los “grandes esfuerzos” efectuados en temas de derechos humanos desde el inicio de su gestión en 2002.
En sus discursos, Uribe expresa tener “tolerancia cero” hacia las violaciones de los derechos humanos que cometen los funcionarios policiales y militares, pero la realidad marca que cientos de organizaciones, entre ellas Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), han elevado duros informes a la ONU en los que señalan que las violaciones a los derechos humanos en Colombia “continúan siendo graves, masivas y sistemáticas”.
El gobierno de Uribe es acusado además de apañar a las fuerzas paramilitares, que quedaron disminuidas después del pacto que hiciera Uribe con sus máximos líderes, que entregaron las armas tras una negociación que les concedió una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crímenes, incluidos los de lesa humanidad.
El Ejecutivo colombiano se encarga de remarcar que no fueron, no son ni serán cómplices de nadie, y niegan cualquier tipo de relación con lo que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, de ultraderecha), el principal grupo paramilitar que llegó a tener más de 30.000 miembros..
Por su parte, los organismos defensores de los derechos humanos remarcan que hasta el momento lo único que se ve es que el paramilitarismo “no se ha desmantelado en lo más mínimo”, y que el gobierno de Uribe “no ha dejado de tener lazos con las AUC”, lo que fomenta la violencia en el país. La ONU analizará los testimonios y los documentos presentados por ambas partes, y prevé que dentro de unos días salga emitido un informe donde se dé a conocer cuál es la situación de los derechos humanos en Colombia.
Las diferentes ONGs vienen destacando que desde que asumió la presidencia Alvaro Uribe, en Colombia el nivel de violencia en vez de descender ha aumentado, y que lo que más les preocupa es el incremento de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública. De seis años a esta parte, estos organismos denuncian que “13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica”, de los cuales el 75,4% (8.049 casos) son “responsabilidad de Estado”.