La inseguridad y la situación carcelaria en la Provincia son alarmantes, pero las distintas posturas ideológicas para encarar el problema hace que existan intereses contrapuestos. Por eso, el gobierno bonaerense intenta hacer equilibrio entre el garantismo y la mano dura, lo que lleva a que se impulsen proyectos que a simple vista hasta pueden resultar contrapuestos.
¿De qué se trata? El gobierno provincial busca sancionar en la Legislatura el proyecto de ley que limita las excarcelaciones para casos de delincuentes peligrosos, especialmente de aquellos que utilizan menores para cometer sus fechorías. Pero ayer anunció que en los próximos días remitirá al parlamento provincial otra iniciativa, que servirá para recompensar y mejorar la calificación de los internos alojados en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), otorgándoles más chances de que accedan a la prisión domiciliaria, como forma de descomprimir las protestas que se originaron en distintas unidades.
Así lo confirmó ayer a Hoy el ministro de Justicia Ricardo Casal, al visitar a los diputados bonaerenses para explicar la reforma del Código Procesal Penal por la que se limitarán las excarcelaciones.
En relación a la situación carcelaria, que motivó la huelga de hambre que llevan desde hace 26 días un grupo de internos de la Unidad 9, Casal informó que la semana próxima va a ser remitida a la Legislatura el proyecto de ley de Ejecución Penal, que será “una norma equivalente a la nacional” por “el tema de recompensas, en el sentido de mejorar el puntaje en calificación y beneficios a partir de su progreso en el tratamiento penitenciario”.
Actualmente, a instancias del juez, el grupo de admisión y seguimiento (GAyS) -conformado por psicológos, abogados y autoridades del SPB, entre otros- evalúa a los presos para deteminar si están aptos para acceder a la excarcelación. Pero su dictamen no es vinculante.
Según Casal, los informes criminológicos “en una elevada proporción son negativos, porque incide mucho el factor psicológico”. Por eso “hemos trabajado fuertemente para que haya otros métodos alternativos, como pericias o cualquier otro ofrecido por el detenido”, agregó.
Días atrás, la Suprema Corte bonaerense solicitó al gobierno bonaerense que preserve “la seguridad y la integridad física” de las personas privadas de su libertad en la Provincia, a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según ese organismo, actualmente el 76,2% de los presos no tienen setencia firme, y en los útlimos dos años aumentaron en un 51% los detenidos en comisarías.
El lunes, el ministro de Justicia visitó a los huelguistas de la Unidad 9 con el proyecto de reformulación de los “informes criminológicos” debajo del brazo. Ayer, el funcionario se reunió con diputados provinciales para impulsar la sanción de la reforma del Código Procesal Penal.
Mediante la última iniciativa, que ya fue aprobada por los senadores, se limitarán las excarcelaciones para quienes cometen delitos violentos con armas de fuego y quienes utilizan a menores para delinquir, además de sumar la multiplicidad de condenas para acceder a la prisión domiciliaria.
Críticas a la reforma del Código Penal
La reforma del Código Procesal Penal que impulsa la Provincia para limitar las excarcelaciones es resistida por gran parte de los diputados bonaerenses, que califican a la medida como “un simple maquillaje”, según las opiniones recolectadas por Hoy entre legisladores tanto opositores como oficialistas.
Sin embargo, la intención del gobierno provincial es sancionarla lo antes posible. El presidente de la Cámara baja bonaerense, Horacio González, dijo ayer que “si están dadas las condiciones, lo trataremos” en la sesión prevista para hoy.
Una de las mayores críticas al proyecto de ley son las reiteradas reformas al Código Procesal Penal, que han dado pocos resultados en relación al aumento de la delincuencia. De acuerdo a un informe elaborado por el Instituto de Acción Cívica y Planificación Estratégica (Iacpe), dirigido por el ingeniero Pablo Luchessi, “ningún problema social se resuelve con modificaciones a la legislación penal”.
Según el Iacpe, durante los últimos 15 años en la Provincia se hicieron más de 47 modificaciones al Código Procesal Penal y “otras tantas a las estructuras y organización de la Policía y del servicio penitenciario, no obstante lo cual el delito mantuvo un incremento constante, pasando de 200 mil causas anuales en 1997 a 500 mil durante 2009”.
Decisiones polémicas de la Justicia
Los beneficios penales para delincuentes
nEl autor de la masacre de Campana, Angel Fernández, había sido condenado por violación y homicidio. El juez de San Martín, Nicolás Schiavo, le otorgó el beneficio del arresto domiciliario con tobillera electrónica. En 2008 Fernández asesinó a los cuatro integrantes de la familia Mansilla en Campana.
nEl 25 de enero de 1997 el fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado cerca de Pinamar. La Justicia condenó a ocho personas por el crimen. Trece años después, cuatro de ellos están en libertad condicional: los ex policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, el ex jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, y el ex integrante de la banda de los horneros, Sergio González.
n Luis “El Gordo” Valor pasó quince años en prisión por varias causas, pero como sus condenas no estaban firmes en 2007 recuperó la libertad. En julio de 2009 volvió a ser apresado por asalto a mano armada.
Los absueltos por error
n El Tribunal de Casación bonaerense revocó la sentencia de prisión perpetua que un tribunal platense había dictado a Carina del Carmen Baroni (35), que estuvo presa cinco años por la muerte de sus dos pequeñas hijas gemelas de cinco meses. Las nenas murieron asfixiadas en su cama el 16 de septiembre de 2003, pero se demostró que no había certeza en las pericias y la mujer fue absuleta.
n Un tribunal de San Isidro tuvo que absolver a Francisco Javier Centurión (45) que había llegado a juicio acusado de violar sistemáticamente a una vecina en Talar de Pacheco. El informe médico que acreditaba que la víctima había sido abusada carecía del sello y la firma del médico
interviniente.
n Víctor Silvano Ramos estuvo detenido tres años, acusado de un robo a mano armada, en febrero de 2003, pero era inocente. Quedó libre tras comprobarse que no había participado en el hecho. En aquel suceso habían robado un reloj y 15 pesos.
