El límite a las excarcelaciones es prioridad y aceleran su aprobación

Los presidentes de bloques y las autoridades de la Cámara baja bonaerense se reunieron ayer para acordar la agenda legislativa de abril. Eso es noticia después de más de dos meses en los que los diputados tuvieron sólo tres sesiones y apenas un proyecto de ley sancionado. Pero en la residencia de la presidencia del cuerpo no hubo que llamar a los bomberos por la cantidad de humo que salió de las cabezas de los presentes, porque no hubo mucho para tratar.
No obstante, hubo un tema que realmente es serio y preocupa a la mayoría de los bonaerenses: el proyecto de ley para limitar las excarcelaciones a los delincuentes peligrosos. La iniciativa había sido enviada por el Ejecutivo a fines del año pasado como alternativa para combatir la inseguridad. Este año fue aprobada por el Senado y los diputados de todos los bloques decidieron ayer darle entrada en la siguiente sesión, que sería recién el miércoles de la semana próxima, y girarlo a las comisiones de Seguridad, Asuntos Constitucionales y Legislación General para su estudio.
La iniciativa propone la reforma del Código Procesal Penal para limitar las prisiones domiciliarias en los casos en los que el apresado esté acusado de utilizar menores para cometer delitos, haya usado armas de fuego en un ilícito, y para unificar con la legislación nacional en la acumulación de penas a través del concurso real; en otras palabras, que se sumen las distintas condenas para tener el derecho de acceder a la excarcelación.
El proyecto de ley generó resistencia entre organismos de derechos humanos, opositores y en parte de la población carcelaria, que por estos días está realizando una huelga de hambre, entre otros reclamos, para facilitar las excarcelaciones.
Sin embargo, ayer los presidentes de la mayor parte de las bancadas de la oposición acordaron apoyar la iniciativa, al igual que lo hicieron los senadores semanas atrás. En ese cuerpo sólo obtuvo el rechazo del bloque de la Coalición Cívica-ARI.
No obstante, los opositores consideran que la medida no es más que un “maquillaje” y que “no será la solución a la inseguridad en la Provincia”. De todas maneras, para la sanción de la reforma del Código Procesal Penal habrá que esperar, ya que primero los diputados recibirán la visita del ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, y luego se emitirán despachos de comisiones.
Al menos, la oposición logró su objetivo planteado desde que el oficialismo perdió la mayoría con el recambio legislativo: no tratar más leyes sobre tablas sin previo análisis en las comisiones.

La superpoblación carcelaria es preocupante

La limitación de las excarcelaciones tiene un impacto directo en la población carcelaria, que se encuentra en condiciones de hacinamiento por la saturación de las cárceles en la Provincia. Esa situación ha sido continuamente denunciada por organismos de derechos humanos. Por estos días, un grupo de reclusos de la Unidad 9 continúa en huelga de hambre para reclamar contra el endurecimiento en las excarcelaciones.
Pero el reclamo de fondo en la Provincia debería ser que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tenga la capacidad para albergar a los detenidos en las condiciones adecuadas y que los delincuentes cumplan las condenas que se merecen.
Sin embargo, esas condiciones no se cumplen. El mes pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamó al máximo tribunal bonaerense su intervención para preservar “la seguridad y la integridad física” de las personas privadas de su libertad en la Provincia, en respuesta a una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) de noviembre de 2009, que denunció el incumplimiento del “fallo Verbitsky”.
En la Provincia hay 54 unidades penitenciarias. Según detalló el Cels al momento de la presentación judicial, hay 19.240 plazas para 28.322 detenidos en 2009 (sumando los presos en comisarías). “Es decir, una superpoblación del 26% en el sistema penitenciario bonaerense y del 47% si se toman los detenidos en comisarías”, detalla el Cels, que calculó un déficit total de 9.082 plazas.
A raíz de esa situación, el SPB viene siendo declarado en emergencia desde 2004 por la Legislatura provincial y a pedido del gobierno bonaerense.
Según dijo a Hoy el titular del bloque GEN en la Cámara baja, su bancada apoyará el proyecto para limitar las excarcelaciones, aunque aclaró que “el gobernador Scioli está buscando una medida más mediática que otra cosa, porque no representa una solución para la inseguridad”.
En tanto que el presidente de bloque de la CC-ARI, Walter Martello, coincidió en que desde el gobierno provincial “sólo realizan anuncios oportunistas ante hechos de inseguridad, sin detenerse siquiera a evaluar que las medidas que hoy impulsan ya son parte de la historia de fracasos de la política provincial en materia de seguridad”.
“El apuro actual de Scioli y del ministro Casal no debe confundir a la población, haciéndoles creer que medidas como esta aportan soluciones al problema, cuando se observa que, desde 1990 a 2007, el ritmo de aumento de la tasa de encarcelamiento en la Provincia fue de más del 200%, y sin embargo el delito aumentó día a día ante un gobierno abrumado y sin respuesta”, consideró Martello.
El legislador opositor agregó que “el estado crítico de superpoblación en las cárceles provinciales tiene un costado trágico que no debe dejar de atenderse y es el del incremento constante de fallecimientos que allí ocurren”.