La protección de los recursos no renovables debería ser la política estratégica de cualquier gobierno que se precie de defender los intereses de la mayoría de los habitantes de un país. El control y el adecuado manejo de los combustibles fósiles, de los recursos energéticos, tales como el gas y la luz, y del vital insumo del agua, son algunos de los pilares fundamentales que impactan directamente en la real capacidad productiva de un país y significan la posibilidad de generar una buena calidad de vida para los ciudadanos de los estados nación.
En el caso puntual del agua, se sabe que el 70% del planeta está cubierto por ella, pero que sólo el 2,5% es dulce y está en condiciones para ser usada para el consumo humano. Dentro de este espectro, el 70% está en los glaciares. Pese a este dato incontrastable, aún hoy el 18% de los habitantes del globo terráqueo no tiene acceso a este insumo básico.
En nuestro país el 70% del agua potable que consumimos guarda relación con los depósitos naturales cordilleranos. Con el objetivo de proteger este recurso, surgió la ley 26.418, conocida popularmente como ley de Glaciares, la cual fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados en 2007 y por amplia mayoría en el Senado, en octubre de 2008. Pese a este acuerdo parlamentario, al visto bueno de los actores implicados en temas medioambientales, y opinión favorable de la población en su conjunto, el 10 de noviembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la flamante norma.
La decisión de CFK despertó la indignación de ambientalistas y opositores, que sospechan motivaciones fiscales o de negocios a partir de la instalación en la provincia de San Juan de la minera canadiense Barrick Gold, apadrinada por los hermanos Gioja y por el acuerdo firmado con Chile para la creación de Pascua-Lama, calificado como el proyecto minero más ambicioso de América, el cual utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo -en una zona semidesértica- y 200 camiones de explosivos al mes.
En un comunicado de prensa, la ONG ambientalista Conciencia Solidaria advierte que la decisión del Ejecutivo “forma parte del tratado que firmaron los presidentes sudamericanos en Brasil y que se conoce como Iirsa (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana). Tratado por el cual cualquier legislación vigente que impida las actividades de apropiación de materias primas debe derogarse o vetarse”.
Además remarcaron que “una ley de protección de glaciares y áreas periglaciares se contrapone al espíritu de saqueo que alienta el Iirsa. Ya que impediría la megaminería, así como el acopio indiscriminado de agua para el primer mundo”
Por último, la ONG reclamó que “es hora de confirmar que se ha terminado el nefasto período donde los ciudadanos no teníamos la capacidad de leer la letra chica de lo que a nuestras espaldas se maquinaba. Exijamos a quienes tienen asumido el compromiso de representarnos que cumplan con su trabajo honrosamente. Sino, de algún modo, deberemos hacernos cargo de una de las más deleznables actitudes del cobarde. La complicidad”.
El veto a la ley de Glaciares demuestra cómo el Ejecutivo nacional se abstiene de enfrentarse al lobby de las empresas mineras transnacionales, la cual demuestra un marcado cambio de actitud en relación a otros conflictos.
Por ejemplo, durante los enfrentamientos con el campo, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se abstuvo de generar fricciones y abrir focos de enfrentamiento permanentes. Por el contrario, en el caso de las mineras, la gestión K prefiere seguir priorizando los grandes negociados de empresas transnacionales y darle continuidad a una política iniciada por Carlos Menem, gestada en el año 1997 al firmar un acuerdo con su par chileno, Eduardo Frei, en cual se facilitaban las inversiones privadas en la frontera con la finalidad de crear una zona franca minera.
Recursos descuidados
Consultado por Hoy sobre la situación generada por el veto a la ley de Protección de Glaciares, Carlos Ron, miembro de la ONG interprovincial Conciencia Solidaria, dijo: “El veto de la ley, propiciado por el gobernador Gioja, permite que se monte un gran negocio”.
Y agregó: “Queremos que se ponga en vigencia la ley original, la ley que promulga Filmus tiene las modificaciones necesarias para que se pueda seguir adelante con la explotación. Es tramposa, el proyecto genuino impulsado por el diputado Miguel Bonazo y presentado originalmente por Marta Mafei fue votado por unanimidad en la cámara a fines de agosto. Este veto afirma la connivencia del PoderEjecutivo con las mineras como la Barrick Gold y la de Pascualama a partir de 2013”.
Además dijo que “esto es algo inconstitucional y atenta contra el artículo 41 en cuanto a la protección de los recursos naturales. Es una locura, porque un glaciar no es sólo un gran bloque de agua, es un recurso hídrico fundamental”.
Por último, Ron manifestó que “hoy en día hay escasez de agua. En nuestro país, por ejemplo, debido a la sequía o a la contaminación. Hay que entender que es necesario conservar correctamente el ecosistema andino y entender que es un recurso escaso, estratégico y la base de la vida. Los glaciares son el tanque de agua que compartimos todos, junto a nuestros hijos, nietos, la flora y la fauna”.
