Un enfoque distinto de la "inseguridad"

El rol y la responsabilidad del Estado, el peligro de los discursos de mano dura, la necesidad de estadísticas serias y el direccionamiento de una política criminal hacia las grandes “redes de delito” forman parte de un documento firmado y presentado ayer en el Congreso nacional por decenas de diputados, organizaciones gremiales, académicas y de Derechos Humanos, titulado “10 puntos para una seguridad democrática”.
El documento apunta a una discusión abierta y pluralista sobre el candente tema de la seguridad pública y rechaza las políticas “demagógicas e improvisadas”, que según los firmantes están “dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia”.
Entre otras personalidades, el acuerdo lleva la firma de integrantes de distintas fuerzas políticas, desde el diputado Agustín Rossi (FpV) hasta el ex gobernador Felipe Solá (Peronismo disidente), así también como de los diputados Margarita Stolbizer, Fernando “Pino” Solanas y Martín Sabbatella, dirigentes de la Unión Cívica Radical, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, integrantes de la Comisión provincial por la Memoria, periodistas y académicos.
“Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática”, señala el documento, y agrega que “los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados”. Abonaron la conducción civil de las fuerzas policiales, ya que lo contrario ha creado “‘estados mayores policiales’, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción”.
Después de criticar el enfoque de las políticas de seguridad sólo hacia la delincuencia juvenil y los “pequeños delitos”, el texto apunta que “la realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas, que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas”.
Sobre el Poder Judicial, indica que tiene “una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional”. Además, proponen la implementación de una Policía Judicial. Los convocantes del Acuerdo critican la escasez de estadísticas oficiales creíbles en materia de delitos. “El diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado”, se consigna.