La Corte no avaló la detención de menores

En estos días de controvertido debate sobre la baja en la edad de imputabilidad y la intención de sumarle poder a la Policía, modificando el Código de Contravenciones, la Suprema Corte de Justicia bonaerense le dio la derecha al planteo formulado por un defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata, que había denunciado que la Policía seguía deteniendo a menores de manera irregular y los alojaba en comisarías. El máximo tribunal de la Provincia ordenó que se dicte un nuevo fallo, de modo que hasta que eso pase deberán cesar ese tipo de prácticas.

La decisión de la Corte hizo lugar, parcialmente, a un recurso presentado por el defensor oficial Julián Axat y revocó lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Garantías en lo Penal, disponiendo que dictara un nuevo pronunciamiento.

El planteo se fue desarrollando de este modo: Axat presentó un hábeas corpus colectivo denunciando que la Policía de La Plata detenía chicos sin determinar fehacientemente su edad (la mayoría de las veces por averiguación de identidad), sin dar intervención al fuero Penal Juvenil Penal creado el año pasado y basándose en testimonios recabados bajo identidad reservada.

El juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias hizo lugar a la presentación, pero el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, apeló la resolución con el argumento de
que esa situación no se estaba dando.

El 9 de octubre pasado la Cámara Penal de La Plata le dio la razón y habilitó otra vez a la Policía a demorar o detener a menores por contravenciones, averiguación de identidad, pedidos de captura o para ser entregados a sus familias, por lo que Axat recurrió a la Suprema Corte.

En su fallo de ayer, el máximo tribunal destaca que la sentencia de la Cámara “prescindió de efectuar un juicio crítico sobre la pertinencia de las pretensiones del defensor oficial, desde las normas constitucionales y legales en materia de hábeas corpus, al trasvasar pautas normativas que tutelan derechos de distinta raigambre a la libertad ambulatoria, tales las vinculadas con el amparo”.

En otras palabras, los jueces entendieron que “se aplicaron indebidamente reparos formales propios de la reglamentación del amparo como fundamento para revocar el fallo de primera instancia”, por lo que no pudieron pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada por la defensoría oficial n° 16 del Fuero.

Axat sostuvo que los menores de edad son aprehendidos “no en una situación de flagrancia, sino merced a órdenes de detención libradas, no obstante la incertidumbre acerca de la condición de menor o, lo que resulta aún más grave, con pleno conocimiento de ella, y con convalidación del fiscal Juvenil, pero sin la anuencia del juez competente (juez de Garantías del Joven)”. Además, cuestionó que las fiscalías de adultos empleen la figura del testimonio de reserva de identidad como elemento de prueba, “con todas las objeciones constitucionales que le caben a la misma y de escasa, por no decir inexistente, utilización en este fuero”.

De derechos y obligaciones incumplidas

 Jueces, fiscales, académicos, docentes, estudiantes y organizaciones sociales debatieron ayer en La Plata sobre la baja en la edad de imputabilidad y la aplicación de la ley de promoción y protección de derechos en Argentina. Uno de los disertantes fue el defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Juvenil Ricardo Berenguer, que sostuvo que se vive en un permanente defasaje entre las obligaciones que se exigen y los derechos que se deben garantizar, sobre todo “los de los más pequeños”.

En foco

Una preocupante dicotomía

La situación que se plantea con la detención de los menores en la Provincia es una clara dicotomía: por un lado fuertes reclamos de gran parte de la sociedad para que haya soluciones de forma inmediata ante el drama de la inseguridad, y la postura de jueces y organizaciones de derechos humanos que hacen hincapié en la necesidad de defender la integridad de aquellos menores que terminan en comisarías luego de estar presuntamente involucrados en delitos.

Es un debate que sólo se está dando superficialmente. El problema de fondo es que esta situación es producto, como muchas veces se dijo en las páginas de este diario, de las condiciones de pobreza, miseria y promiscuidad que afecta a uno de cada cuatro compatriotas. Mientras no existan políticas económicas que apunten al desarrollo y a la generación genuina de empleos, difícilmente se puedan encontrar una solución efectiva a este flagelo.

Pero también existen muchos cómplices que siguen actuando con total impunidad. Detrás de cada menor que roba, por lo general, hay algún mayor que le suministra un arma de fuego. Existen personas y bandas que, sabiendo que no pueden ser encarcelados, utilizan a menores para delinquir.

Además, si un menor sustrae un automóvil es porque también existe un desarmadero interesado en obtener ese vehículo para desguazarlo y vender las partes. Difícilmente haya desarmaderos funcionando sin que nadie se percate de esa situación, y es ahí donde por lo general también aparecen las responsabilidades políticas.

También existen organizaciones criminales que actúan con absoluta impunidad y suministran la droga (especialmente paco) que lleva a muchos menores a delinquir, sin medir las consecuencias y sin tener nada que perder.

Muchos de estos menores son desclasados sociales, a los que ni siquiera se le está dando la posibilidad de insertarse dentro del sistema para tener un futuro.

Ante esta situación, lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Y de una vez por toda debe darse un debate profundo y sincero, donde las ideologías no se conviertan en impedimento para encontrar las soluciones que la sociedad reclama.