Acusado por los ecologistas de haber hecho poco para preservar el medio ambiente, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no quiere ir en diciembre a la reunión de la Conferencia de Naciones Unidas que se celebrará en Copenhague con las manos vacías. Por eso, ha anunciado en la radio que su Gobierno se compromete a disminuir hasta 2020 en un 80% el ritmo actual de destrucción de la Amazonia, que ya ha perdido un territorio de selva mayor que el de toda Francia.
Según Greenpeace, el compromiso de Lula es aún pequeño, ya que, aunque se lograra disminuir un 80% la destrucción de la Amazonia antes de 2020, hasta ese momento habrán desparecido casi 2.000 millones de árboles en esa región del mundo. Con todo, su declaración tiene un valor simbólico: es la primera vez que Lula, que siempre ha acusado a los países desarrollados de contribuir más que Brasil a las emisiones de ozono y a la destrucción del medio ambiente, se va a comprometer públicamente ante la comunidad internacional a abordar seriamente el asunto de la ecología en Brasil. Precisamente este país, con más de 20 mil incendios al año en la Amazonia provocados por ganaderos y agricultores, es de los que más contaminan en el planeta.
Lula quiere comprometerse también, según el plan propuesto por el ministro de Medio Ambiente, Carlos Mink, a situar las emisiones de gas en 2020 en los índices de 1994. El país podría crecer a un ritmo del 4% sin aumentar las emisiones de gas. De no hacerlo, el crecimiento de la polución ambiental sería de un 45% más del actual, según cálculos de los especialistas.
De acuerdo a los datos del Gobierno, el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil se deben a la destrucción de la Amazonia a causa de los incendios. El resto procede de la industria, especialmente de la agropecuaria, y de la agricultura. Para Greenpeace, sin embargo, el Gobierno brasileño no debe olvidar que en el futuro el mayor crecimiento del país se dará precisamente en esos tres sectores: industrial, ganadero y agrario, que están en pleno desarrollo en el país.
Y mientras el Ejecutivo de Lula se prepara para oficializar en Copenhague un empeño serio en la defensa del medio ambiente, ayer tuvo que salir al paso de las informaciones que acusan al Estado de haber entregado casi tres millones de hectáreas no sólo a las comunidades indígenas, sino también a terratenientes, a la construcción de hidroleléctricas y a infraestructuras varias. El Gobierno alega que muchas de esas tierras habían sido ya depredadas por falta de políticas medioambientales adecuadas y que hoy es preciso aprovecharlas para otros usos. Precisamente, el ministro Minc ha querido subrayar que el Ejecutivo ha creado ya 6,2 millones de hectáreas de áreas protegidas y que, antes de acabar su mandato, el 1 de enero de 2011, pretende ampliarlas a 10 millones.
