Para la libertad

“Un estudio revela que el índice de reincidencia entre los presos universitarios” ... “Sí, sí, sí, no llega al 3 por ciento”.
La frase la inicia el cronista, a manera de pregunta, pero la completa Marisa Bermejo, una abogada platense que, desde 2005, dicta clases en la Unidad 9 de La Plata.
Conoce ese informe a la perfección. Tanto, que lo pasa a números decimales: “Es de 2,6 por ciento”.
Se trata de un trabajo que realizó el ministerio de Justicia de la Nación en la cárcel de Devoto, a través del seguimiento de 2.000 internos que estudiaron allí. E indica que la reincidencia es 8 veces menor a la de los que no estudian.
Si nos atenemos a ese informe, es más que alentador el dato de las cárceles bonaerenses: casi 4 de cada 10 presos dependientes del Sistema Penitenciario provincial cursa estudios en algún nivel del sistema educativo (ver aparte).
Pero el tema es más complejo y no se puede abordar desde las cifras. La resocialización de los internos a partir de la educación es una cuestión que reconoce muchas aristas. Y algunas, controvertidas.
Marisa Bermejo inicia la charla con un ejemplo. “Una profesora (de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata, donde da clases de Derecho Internacional Público) me preguntó una vez si esto (dar clases en la cárcel) no me generaba problemas de ética”. Hace una pausa. Y prosigue, casi enfadada: “¿Cómo de ética? Yo he jurado, como funcionaria (es relatora de la Sala I del Tribunal de Casación Penal) respetar los tratados de derechos humanos. Estas personas solamente están privadas de su libertad ambulatoria, el resto de los derechos los tienen todos, y entre ellos -subraya- el derecho a la educación”.
Volviendo al informe sobre la reincidencia de los internos que estudian, Bermejo dice que “esa fue una de las razones por las que me decidí a ser docente en la Unidad 9”, una cárcel de máxima seguridad.
Existen algunos prejuicios sobre la inclinación de los internos a estudiar Derecho. Marisa Bermejo lo sabe. Y se ríe. “Muchos se preguntan por qué justo estudian Derecho. Y enseguida aparece el chiste: “como saben derecho -dicen-, antes de cometer un delito van a medir las consecuencias. ‘¿A ver? ¿Qué me conviene más? ¿Homicidio o tentativa de hurto?’”, gesticula y vuelve a reír, hasta que se pone seria: “No es así
-enfatiza-. El aula, estudiar, es su espacio de libertad. Más aún, quienes más se inclinan por el estudio universitario son los que tienen condenas largas; los que saben que tienen que darle un sentido a todo eso”.
Otro motivo. “Es una carrera que permite rendir libre todas las materias”, señala la funcionaria y docente, para resaltar que “en la facultad de La Plata tenemos una matrícula activa de 400 alumnos. Sí, ‘en’ la facultad -remarca-, porque son alumnos regulares como todos los demás”.
En rigor, la oferta de estudios universitarios estuvo limitada a esa carrera durante mucho tiempo, precisamente, porque se puede realizar sin cursar, pero en la actualidad se ha extendido a Historia, Sociología, Psicología y Periodismo, entre otras.
Deuda social
Para Bermejo, en los estudios pre-universitarios puede haber transmisión de conocimiento, pero el estudio universitario implica “producción de conocimiento, y eso necesita de un docente que aporte el pensamiento crítico, que cuestione, que le diga al alumno ‘esto volvelo a pensar’, sobre todo en estas personas que han tenido una escolaridad dificultosa, muchos bajo la tutela del Estado en institutos de menores”.
Ayudar en este proceso de “producción de conocimiento, más allá de que obtengan el título o vayan a ejercer, (quienes dictamos clases en las cárceles) lo sentimos como una deuda”.
¿Por qué? “Porque hemos estudiado en una universidad pública y gratuita, en un país donde el Estado no ha garantizado el acceso universal a la educación primaria ni secundaria, como tampoco a la vivienda, al trabajo, la salud. Eso nos convierte en deudores de la sociedad -opina-, y si además somos funcionarios públicos, la deuda se incrementa”.
La docente subraya que “ese conocimiento es un bien irreversible, el único bien irreversible para ellos”, y se muestra convencida de que “si estos sectores, tan vulnerables, hubiesen tenido acceso al conocimiento, estarían en otra situación”.
El pabellón universitario
El perfil de los internos que se interesan por los estudios universitarios fue variando con el tiempo.
“Primero hay que decir que la cárcel reproduce algunas cuestiones de la sociedad -explica-. A nivel mundial, sólo el 1% de la gente accede a estudios universitarios; en la sociedad argentina el número también es pequeño y, por lo tanto, también lo es en la cárcel. Al principio sólo accedían los menos queridos, los protegidos, los ex fuerza. Pero ya tenemos mucha gente de población”.
En ese marco, llegar al pabellón universitario se ha convertido en un objetivo. “Allí lo pasan mejor, son pabellones de autodisciplina, tienen las puertas de las celdas abiertas, biblioteca, computadoras, se cocinan, y además cuentan con un centro de estudiantes que funciona como el de cualquier facultad”, cuenta.
Aclara que no son “pabellones VIP; están contemplados en la ley de educación (artículos 55 y 56). Allí están bien. Y está bien que así sea. ¿Por qué van a querer estar mal personas condenadas a 20, 25 años o perpetua?”, se pregunta.
En este contexto, muchos comenzaron con sus estudios secundarios dentro de los penales a fin de proseguir con los universitarios. “Y algunos, para llegar, han estado estudiando en población, en las condiciones que hay en esos lugares, con la faca en la mano”, comenta.
¿Afuera o adentro?
Como se dijo, el tema tiene aristas controvertidas. No todos están de acuerdo con que concurran a cursar a la facultad. Pero Bermejo cree que, si el objetivo es la reinserción social, esta cuestión es clave.
“Como son alumnos de la facultad, debieran cursar en la facultad -opina-. Porque la producción de conocimiento que se da en el aula es bien distinta de la que se da en una unidad carcelaria. Ni peor ni mejor, distinta”.
Pero, además, remarca que “el fin de la pena, según el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es la resocialización, entonces, la forma de internalizar reglas de juego de otras instituciones pasa por el intercambio con esas instituciones”.
La observación de Marisa Bermejo está directamente relacionada con los prejuicios sociales. “Es que se habla de reinserción social, pero desde lo teórico. La sociedad no está preparada. ¿Quién le da trabajo a alguien que le dice que estuvo privado de su libertad?”, se pregunta.
Quienes sí cursan en el ex Jockey son los que están en unidades de mínima seguridad. Y aquí aparece otra arista conflictiva: la recurrente “falta de móviles” para llevarlos, que se suma a otro tema aún más complejo: “Los viven trasladando y viven perdiendo su posibilidad de estudiar, y como son alumnos regulares de la facultad, muchas veces se encuentran con el inconveniente de que si van a otra unidad, cercana a otra casa de estudios, tienen que recomenzar la carrera”.
Ante esa situación, y ejerciendo el derecho de libre cátedra, Bermejo ha organizado seminarios dentro de la Unidad 9, en los que participaron “algunos alumnos de afuera”, y el intercambio “siempre ha sido muy positivo”.