Sin modificaciones substanciales a los anteproyectos que trascendieron el martes, el gobernador Daniel Scioli envió ayer a la Legislatura los dos proyectos de ley para evitar los excesos en la ingesta de alcohol que comenzarán a ser debatidos por el Senado. El hecho notorio radica en que, tal como lo adelantó Hoy, podrán detener a las personas que circulen ebrias por la calle.
Por lo demás, las iniciativas contemplan el endurecimiento de las penas previstas para el expendio de bebidas alcohólicas -sancionando hasta con prisión tanto a comerciantes como a kiosqueros-
y el control horario para los boliches nocturnos, tal como se venía debatiendo.
En los fundamentos de los proyectos, el Gobierno bonaerense considera que el incremento en el consumo de alcohol, particularmente en menores de 21 años, “produce situaciones de violencia generalizada en el seno del hogar”, lo que luego “se traslada al ámbito social y conduce a la drogadependencia”.
En ese marco, uno de los proyectos propone “agravar las sanciones a los responsables de la venta, expendio o suministro indiscriminado de bebidas alcohólicas a menores de edad”.
La otra iniciativa, que regula los horarios para los locales vinculados a la nocturnidad, contempla fuertes sanciones económicas que podrían terminar, incluso, en la clausura definitiva del local. Asimismo, fija el horario límite para el acceso a los boliches a la una de la madrugada, y no a las dos como se especulaba hasta ayer.
El gobernador aseguró que el proyecto pondrá “límite” al “descontrol” de los jóvenes y evitará “más tragedias”. “Desenlaces fatales para jóvenes, irresponsabilidad de los empresarios que le venden alcohol a menores, 300 chicos en la guardia de hospitales y más de mil muertos por año... Hay que poner un límite a esta situación”, enfatizó el mandatario.
Las bebidas
El proyecto de Scioli no sólo profundiza las penas a los comerciantes que incumplan con la ley para la venta de bebidas alcohólicas, sino que contempla “multas”, y hasta “el arresto” de una persona que “transite ebria” por la vía pública, aún sin que haya protagonizado ningún tipo de incidentes ni agresiones contra terceros.
De tan sólo 16 artículos, el proyecto también contempla, en el primero de ellos, sancionar “con arresto de 30 a 90 días, con multas de 10 mil hasta 100 mil pesos y con clausuras de locales desde 30 a 180 días, a los propietarios, gerentes, responsables o encargados” de aquellos lugares donde se venda o suministre bebidas a menores de 18 años de edad”.
La iniciativa va más allá. Habla de endurecer las penas para los comerciantes que, aún vendiendo bebidas alcohólicas a mayores de 18 años “contribuyeren a ocasionar la embriaguez de una persona suministrándole bebidas o sustancias capaces de producir ese estado, o consintiendo la permanencia de ebrios en el lugar”.
Para esos infractores, la reforma que impulsa el Ejecutivo estipula una multa que se calcula en el porcentaje “del haber mensual del agente de seguridad” del agrupamiento Comando de la Policía.
Con dureza, el gobernador propone incluso un fuerte castigo para aquel que circule en estado de ebriedad en la vía pública, con penas que van “del 15 al 40 por ciento del haber mensual del agente de seguridad”, e incluso “la asistencia obligatoria a centros de contención y/o recuperación al que transite o se presente en lugares accesibles al público en estado de ebriedad manifiesto,
o se embriague en lugar público o abierto al público”.
El artículo 8 contempla la figura de una detención, aunque encubierta, para el “borracho” que no genere disturbios y por el sólo hecho de circular en la vía pública. Bajo el rótulo de “retenido”, la norma dice textualmente: “Si resultare necesario para salvaguardar la salud del infractor, podrá ser retenido hasta cinco días”.
Mayor firmeza en términos del castigo estipula el mismo artículo para el caso de que el “embriagado ocasionare molestias a otras personas”, lo que podría redundar en un arresto de hasta 40 días. En el artículo 9 se establece la posibilidad de realizar controles de alcoholemia, “tendientes a desalentar o impedir el acceso a lugares públicos de personas en estado de ebriedad”.
En este caso, incluso, si los controles detectasen en el infractor un nivel de “intoxicación” complicada, “será enviado al puesto sanitario más próximo, donde quedará internado para su tratamiento por un período” que no deberá superar los 5 días.
Finalmente, el proyecto estipula la creación de un “Foro local para la prevención del abuso del alcohol” en las municipalidades, que será integrado por representantes del ministerio de Desarrollo Social; de las municipios; de Organizaciones no Gubernamentales; de Padres y hasta de representantes de las Iglesias”, entre otros.
