El emprendimiento minero en Bajo La Alumbrera, ubicado en la provincia de Catamarca y en poder de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y Minera La Alumbrera Ltd, es tema de debate en varias universidades públicas del país y divide las aguas entre quienes están a favor de la actividad minera y quienes están en contra. El detonante de la polémica fue una carta de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, dirigida a los rectores, en la que les pide que rechacen los fondos que reparte ese consorcio minero. Asegura que provienen de una explotación “destructiva y contaminante”.
La Fundación para la Defensa del Ambiente, dirigida por el biólogo Raúl Montenegro, también salió a cuestionar la aceptación de dinero por parte de las casas de estudio y argumentó que esa situación “amenaza la independencia de eventuales informes técnicos”.
El debate podría desembarcar en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya que también percibe parte de esos fondos. En este escenario, la Federación Universitaria de La Plata (FULP) pide que los rechace. En cambio, el geólogo y ex decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Ricardo Etcheverry, dice que el reparto de ese dinero es legal porque está establecido por la ley nacional 14.771. Y desmiente que se trate de “comprar” a los profesionales porque esa normativa es de la década del ‘50.
En la última sesión del Consejo Superior de la UNLP (junio último), el estudiante de Psicología Lisandro Lértora, representante por el claustro estudiantil, intentó colar el tema. Mencionó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que integra a los rectores, aceptó en mayo de este año por parte de YMAD $ 36.800.000 para distribuir entre las universidades.
El planteo del estudiante tenía como fin solicitar al Consejo Superior que rechace ese dinero “por provenir de una empresa que destruye el medio ambiente, derrama sustancias altamente tóxicas en los ríos y que contribuye a la enfermedad de los lugareños”, declaró.
Pero el tema no fue abordado porque Etcheverry, que también es consejero superior, propuso que antes de que la UNLP se expida analice el tema en detalle. “Si se va a tratar en el Consejo Superior amerita una discusión racional, viendo los pro y los contra”, dijo en diálogo con Hoy.
Debatir en las facultades
En vistas de que no fue tratado, la FULP quiere llevar el debate a los consejos directivos de las facultades y que luego se discuta en el Consejo Superior.
“La Universidad tiene que tomar una postura. Facultades como Ciencias Naturales, Periodismo y Humanidades tienen que dar a conocer su posición”, expresó a este medio Santiago Liaudat, presidente de la Federación.
Al respecto, Etcheverry manifestó que “antes de que se plantee en los consejos directivos sería importante que Ciencias Naturales y otras facultades que conozcan del tema entreguen un documento base para poder discutir. Sino se están basando en informaciones parciales y muchas veces en posiciones ideológicas”.
El argumento de la FULP para pedir que se rechace el dinero es que esos aportes “condicionan la independencia de las universidades cada vez que investigan y producen dictámenes técnicos”. Además porque “la empresa que gerencia la mina, Alumbrera Copper y las restantes poseedoras del paquete de acciones, Goldcorp Inc. y Yamana Gold han sido acusadas en distintos países (incluida Argentina) por incumplir normas vigentes, violar derechos humanos, dañar el ambiente y comprometer la existencia y funcionamiento de cuencas hídricas vitales para ambientes semiáridos”.
“En general, se están mezclando varias cosas. Por un lado, cualquier actividad humana genera impactos en el medio ambiente, entre ellas la minería, las industrias y los rellenos sanitarios. El tema es cómo se puede mitigar y remediar después ese impacto”, expresó el ex decano.
Etcheverry explicó que YMAD es propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y de la provincia de Catamarca.
En 1958, a partir de la ley mencionada, se estableció que en el caso de que la mina explote, los fondos provenientes de la misma se enviarían como una participación a las universidades nacionales. En la década del ‘90 YMAD se unió en una alianza transitoria con un grupo de empresas de capitales multinacionales y así se constituyó Minera La Alumbrera Ltd, que es la que explota los yacimientos. En función de eso, se reparten los fondos a las universidades.
En varias universidades, este debate ya se viene dando con la intervención de todos sus consejeros superiores. La UNLP aún está a tiempo de discutir y establecer una posición al respecto.
Pérez Esquivel y un pedido a los rectores
En su carta a los rectores el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel manifestó que la explotación de Bajo La Alumbrera viene provocando graves violaciones a los Derechos Humanos. No sólo al derecho a vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de personas.
Según Pérez Esquivel, entre los efectos provocados por la minería “el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante, los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias, y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes)”.
Además, expresó que “lo más alarmante es que esta empresa no haya sido obligada a suspender sus actividades, aún cuando su vicepresidente, Julian Patricio Rooney, está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, es el primer fallo contra una multinacional minera por delito ambiental, y una importante oportunidad para luchar contra la impunidad en materia ambiental”.
