Una investigación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) reveló que más del 80% de los presos que ingresan al sistema manifestaron estar desocupados y un 75% directamente “no tiene oficio”.
De las estadísticas también se desprende que un gran porcentaje de los internos pasó por Institutos de Menores y muchos no tienen la escuela primaria completa.
Estos datos oficiales no sólo desnudan la precaria situación laboral de los presos. También dan cuenta de la ausencia de un modelo de país y de políticas de Estado orientadas a la educación y a poner en marcha el aparato productivo nacional contra el que la Casa Rosada viene atentando desde el inicio de la actual gestión.
El estudio del SPB conllevó a que las autoridades de la Provincia implementaran un programa laboral para que la población carcelaria adquiera hábitos de trabajo, se capacite en oficios y usufructúe el tiempo que pasa privada de libertad, al estar procesadas o cumpliendo una condena.
Desde el año pasado se impulsó una política de apertura institucional hacia empresarios, microemprendedores, gremios, ONG’s y entidades de bien público con el objetivo de ampliar las posibilidades de trabajo en las cárceles. Así, en los últimos 18 meses se duplicó la cantidad de detenidos que cumplen jornadas laborales en los talleres de las penitenciarías.
Durante 2008 se suscribieron más de 60 convenios y se invirtieron recursos para mejorar las condiciones físicas de los talleres de las cárceles.
Detenidos se especializaron en la producción de bloques de cemento, en la siembra de caña y paja guinea para la elaboración de artículos de mimbre y escobas. Se compraron soldadoras, motosierras, comprensores de aire para multiplicar la cantidad de detenidos trabajadores.
“Las empresas privadas y los particulares que firman convenio con la Institución para producir en las cárceles de la Provincia pagan un canon mensual. Esa erogación tiene como objeto que los emprendedores aporten sus recursos en capacitación de los internos, sin que ello implique un gasto para el Estado”, afirmó un vocero penitenciario.
La misma fuente explicó que “en países como Estados Unidos la capacitación que brindan los particulares a los detenidos es retribuida por el Estado, ya que se considera que con esas acciones se evita la reiterancia delictiva”.
En las cárceles bonaerenses se fabrican desde alpargatas hasta jaulas para pájaros, pasando por bloques y placas de hormigón, pallets de madera, bloques de cemento, corte y pintura de letras corpóreas, envasado de frutas y verduras, reciclado de plástico, pisos de madera, bolsas de papel, collares de cuero y accesorios para caninos.
Los presos también realizan el pulido de muebles, producción de pan, fileteado de pescados, ensambles de bicicletas, bordados de cintos, y fabrican cajones de madera para envasar pollos y guantes de goma, entre otras cosas.
En los penales donde se trabaja, los índices de violencia han disminuido increíblemente. El plan funciona, pero no sería necesario si en el país existieran reales oportunidades y un modelo productivo de inclusión que acerque a la gente al trabajo y la aleje del delito como último recurso para la subsistencia.
Cada detenido le cuesta al Estado más de $ 6 mil mensuales
Una investigación realizada por la asociación civil Unidos por la Justicia constató que el país destina por mes un total de $ 6.329 en cada detenido del Sistema Penitenciario Federal, lo que significa un total de $ 112.994 al año por persona privada de su libertad.
En el presupuesto nacional para el ejercicio 2009 se destinó una partida de $ 1.043.954.195 al Servicio Penitenciario Federal, lo que significó un 0,5% del presupuesto total de la Nación.
Del análisis comparativo entre los sistemas penitenciarios de la provincia de Buenos Aires y el Federal surge que el Estado nacional destina un 105% más de dinero en cada detenido que el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Según el director ejecutivo de Unidos por la Justicia, Martín Gershanik, a pesar del alto gasto que se destina, “el resultado que se obtiene muestra una alta ineficacia en el tratamiento y la recuperación de los detenidos”.
“A pesar del mejoramiento del servicio penitenciario federal en los últimos años, aún persisten las violaciones a los derechos humanos, y los niveles de reincidencia delictiva siguen siendo muy altos”, agregó.
Gershanik expresó que “es momento de repensar, dentro de un esquema integral de reforma de justicia y seguridad, el importante rol que cumple el servicio penitenciario”.
El informe indica que el costo por detenido en la provincia de Buenos Aires, en 2009, es de $ 3.400 por mes aproximadamente, mientras que en el año 2008 el costo por detenido mensual fue de $ 3.086, con un gasto anual que rondó los $ 37.031 por detenido.
