El origen del dinero para financiar las campañas políticas es cada vez más cuestionado a partir de los resonantes casos que sacudieron al Gobierno nacional. A la ya célebre valija de Guido Antonini Wilson se sumaron los cheques del empresario asesinado Sebastián Forza. Si bien las sospechas en torno a esos casos recaen sobre la campaña presidencial de Cristina Fernández, en La Provincia existe un vacío legal en torno al control de los aportes privados que reciben los partidos políticos, que actualmente son regulados por un decreto ley dictado por la última dictadura militar en 1982.
Es por eso que la semana pasada ingresó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que pretende, entre otras cuestiones, evitar que las empresas otorguen importantes cifras de dinero para financiar campañas electorales.
La iniciativa para la provincia de Buenos Aires lleva la firma del senador del Frente para la Victoria - PJ, Santiago Nardelli. La propuesta de Nardelli, además, es impulsada por la ministra de Salud nacional Graciela Ocaña, al igual que otro proyecto de ley de similares características que elaboró la diputada porteña Gabriela Cerruti para la Capital Federal.
“La intención es instalar en los 25 años de la democracia la discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos, para lo que es necesario contar con reglas claras”, dijo a Hoy Nardelli.
La iniciativa propone el financiamiento público de la política a través de la creación de tres fondos, contemplados en el Presupuesto anual provincial. Estos son: el Fondo para el desenvolvimiento institucional, el Fondo para la capacitación y formación política y el Fondo especial para campañas electorales.
Lo que se plantea es prohibir el aporte de sumas de dinero a las personas jurídicas privadas y sus representantes y poner límites a los aportes de las personas físicas, según explicó el legislador de Bahía Blanca.
“Es necesario limitar la posibilidad de que grandes em-presas puedan destinar grandes cantidades de dinero a las campañas políticas porque eso significa que, en caso de ser electos, ese gobierno va a estar atado”, opinó el senador provincial de la Coalición Cívica, Luis Malagamba. El ex defensor del pueblo platense agregó que en esos casos “es preferible el aporte de particulares”.
El proyecto de ley de Nardelli plantea un tope de 30 mil pesos para donaciones de empresas destinadas a las campañas políticas. Además, establece la regulación del funcionamiento de los partidos provinciales y municipales para establecer un reparto equitativo en la sumas que recibe cada uno de ellos.
La iniciativa deberá ser discutida en la Cámara alta bonaerense y en caso de ser aprobada por los senadores necesitará el apoyo de la Cámara baja para convertirse en ley.
“Lo importante es que se establezcan las reglas de juego para la política y que éstas sean claras para no seguir con este vacío normativo en la Provincia, donde los aportes se rigen por un decreto de la dictadura”, dijo Nardelli.
