La presentación la realizó el abogado Alejandro de la Riva, el mismo letrado que en 2005 impulsó el proceso contra el entonces gobernador Jorge Colazo, que finalizó con su destitución, también por la retención de montos coparticipables.
De la Riva acusó a Ríos de "mal desempeño del cargo" ya que no estaría cumpliendo con el envío a los tres municipios de la provincia de "los porcentajes correspondientes", de acuerdo con los montos que "gotean", dijo, desde el Ministerio de Economía de la Nación.
En su argumentación ante la Legislatura, el abogado sostuvo que la Constitución fueguina "establece que es deber del gobernador remesar en tiempo y forma los fondos coparticipables a las municipalidades y comunas" y, por lo tanto, "su incumplimiento será considerado falta grave en el ejercicio de sus funciones".
De la Riva agregó que "la deuda devengada y exigible de la provincia de Tierra del Fuego con el Municipio de Río Grande" asciende a "26.058.007,59 pesos" por el "período comprendido entre el 1 de diciembre de 2007 y el 15 de mayo del corriente año".
El abogado recordó a los legisladores que en el caso de Colazo se produjo una situación igual y el juicio político terminó con su destitución.
"Debo recordar que, en ocasión del juicio político al ex gobernador Jorge Mario Colazo, tanto la sala acusadora como la juzgadora fueron contundentes en el respaldo de las autonomías municipales
y la obligación inexcusable del Poder Ejecutivo Provincial de cumplir con este mandato constitucional", dijo.
Por lo tanto, insistió, "no advierto la diferencia entre la conducta del ex gobernador Jorge Mario Colazo y de la gobernadora María Fabiana Ríos", ya que "el hecho objetivo es el mismo: no remesar en tiempo y forma los recursos coparticipables".
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