La elección de un candidato en el derechista Partido Acción Nacional (PAN) ocurre mientras el oficialismo rema a contracorriente rumbo a las presidenciales de julio, lejos del puntero, el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), y después de que sus adversarios nombraran a sus abanderados.
A la contienda interna llega como favorita la diputada Josefina Vázquez Mota, quien promete enfrentar con energía la extendida violencia del narcotráfico, que según analistas ha golpeado al oficialismo en elecciones estatales.
"Me preguntaban si tengo miedo de enfrentar al crimen organizado. Por supuesto que no tengo miedo, el valor no tiene que ver con el género, el valor es una decisión de vida", dijo Vázquez Mota en un mitin el viernes ante simpatizantes en el central estado de Tlaxcala.
Los otros dos aspirantes, el senador Santiago Creel, quien busca por segunda vez la candidatura oficialista, y el ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero, quien es visto por analistas como "delfín" del presidente Felipe Calderón, se encuentran muy distantes de Vázquez Mota en los sondeos.
Pero algunos observadores creen que el resultado sería más cerrado porque las encuestas no recogieron la opinión de muchos de los 1.8 millones de militantes activos o adherentes del partido que están habilitados para votar.
Si ninguno de los precandidatos obtiene más del 50 por ciento de los sufragios, o un mínimo de 37 por ciento con una ventaja de al menos 5 puntos porcentuales respecto del segundo lugar, deberá haber una segunda vuelta el 19 de febrero.
Las mesas de votación el domingo cerrarán a las 2200 GMT y los primeros resultados se darían a conocer después de las 0200 GMT, dijo el partido.
México escogerá el 1 de julio a un nuevo presidente que deberá lidiar con una economía que en 2011 dio signos de recuperación al crecer un 4 por ciento -luego de la severa recesión del 2008 y el 2009-, pero que este año flaquearía nuevamente por el impacto de la desaceleración de Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial.
También deberá sortear la violencia vinculada al narcotráfico que ha dejado casi 50,000 muertos en poco más de cinco años y ha pasado factura al actual Gobierno, además de haber puesto en vilo a la población de la segunda economía latinoamericana, donde la mitad vive en pobreza.
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