El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define la trata como la utilización, "en provecho propio y de un modo abusivo", de "las cualidades de una persona". Y aclara que, "para que la explotación se haga efectiva, los tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas" mediante "la amenaza o el uso de la fuerza y otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad".
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, unas 800 mil personas por año son víctimas de la trata internacional con fines de explotación laboral, sexual o para tráfico de órganos. Estos "esclavos" del siglo XXI son, dice el ACNUR, "imperceptibles para las sociedades que los explotan: viven en una especie de ilegalidad consentida, forzados a la servidumbre sexual" o laboral. Son "víctimas que no importan a nadie", por su condición social o su extranjería, y que "dan mucho dinero a muy bajo riesgo".
También el Departamento de Estado advierte que "la esclavitud de personas todavía conlleva muy poco riesgo". En síntesis, un negocio con bajo costo y altísimo rendimiento.
Pese a todo, en los últimos diez años se han dado pasos hacia el reconocimiento de este delito y de la necesidad de que los gobiernos adapten sus legislaciones para la prevención, persecución y castigo del mismo, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, y para la atención a las víctimas.
En el año 2000 tuvo lugar la Convención contra la delincuencia organizada transnacional en Palermo, Italia, y se firmaron dos protocolos, uno contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y otro para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Desde entonces, 116 países han promulgado leyes destinadas al castigo de estos delitos.
También a partir del año 2000, el Departamento de Estado monitorea los progresos hechos en la materia por los diferentes países y elabora anualmente un Informe sobre la Trata de Personas que, en sus propias palabras, "es un instrumento de diagnóstico", no "una condena ni un indulto".
El informe incluye una clasificación en tres niveles de los países según las leyes y sanciones previstas para este tipo de delitos, la protección brindada a las víctimas y la cantidad de casos registrados.
En el informe de este año, el grueso de los países latinoamericanos están incluidos en el nivel 2, es decir el de los gobiernos que, si bien no cumplen con los estándares mínimas para la prevención y eliminación de la trata, están haciendo esfuerzos importantes en ese sentido. Es el caso de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Perú.
Existe una subcategoría del nivel 2, llamado lista de vigilancia, que incluye a los países en los cuales "el número de víctimas de formas graves de trata es muy considerable o está aumentado significativamente". Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela integran esta subcategoría.
Por último, Cuba y República Dominicana están en el nivel 3, el de "países cuyos gobiernos no cumplen totalmente con las normas mínimas ni están haciendo un esfuerzo importante por cumplirlas". En otros continentes, la categoría 3 incluye a Arabia Saudita, Kuwait, Birmania, Congo, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Mauritania, Sudán, etcétera.
En Latinoamérica, sólo Colombia figura en el nivel 1, el de "países cuyos gobiernos cumplen plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas". El proyecto Anti-Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia fue galardonado como uno de los mejores en la materia.
Un dato significativo incluido en el Informe del Departamento de Estado es el de que "los gobiernos que obtienen una clasificación baja en el Informe sobre la Trata de Personas de 2010 también obtienen clasificaciones bajas en los índices que evalúan la protección de los gobiernos de las libertades civiles y la corrupción que se percibe en ellos". Es lógico que así sea. La trata de personas es un delito que florece al compás del atraso y la pobreza pero también al amparo de alguna forma de protección estatal obtenida mediante soborno; nada difícil para un negocio que mueve al menos 10 mil millones de dólares al año.
